La Iglesia Católica es el principal grupo de interés entre los sostenedores privados: sólo en la Región Metropolitana sus colegios educan a 159 mil alumnos, por lo que el año pasado el Estado le entregó $109.673 millones en subvenciones. Eso explica que el cardenal Ricardo Ezzati asumiera un rol protagónico en la oposición a la reforma que plantea el fin del lucro, del copago y de la selección, convirtiendo a la iglesia en el primer escudo de los sostenedores privados. Esta alianza resulta incómoda para algunas congregaciones, que prefieren diferenciarse de quienes lucran con las subvenciones.
El tono cordial habitual del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, desapareció inmediatamente después del discurso presidencial del 21 de mayo. El cardenal no terminaba de bajar las escalinatas del Congreso cuando fustigó ante la prensa la decisión gubernamental de avanzar en la despenalización del aborto. La brecha de la desafección entre Ezzati y La Moneda se amplió varios metros tras ese anuncio, pero la verdad es que los primeros detalles conocidos de la reforma educacional ya habían convertido ese distanciamiento en una zanja ancha y profunda.
Ezzati considera que el fin del lucro, del copago y de la selección de alumnos -los tres pilares del proyecto enviado al Congreso por el Ministerio de Educación-, puede ser una estocada a la libertad de enseñanza. Por lo mismo, ha convertido a la Iglesia Católica en el primer escudo protector de los sostenedores privados de colegios. El cardenal ha aparecido en el papel de líder de una alianza entre los sostenedores católicos y los empresarios de la educación subvencionada, agrupados todos en la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE). Un rol que, en todo caso, no resulta cómodo para varias congregaciones dedicadas a la enseñanza y que administran sus colegios a través de fundaciones que se declaran sin fines de lucro, las que señalaron a CIPER que preferirían diferenciarse de los sostenedores que sí lucran con fondos públicos.
El peso de la Iglesia Católica es relevante en el debate de la reforma educacional: es el mayor grupo de interés entre los sostenedores privados. CIPER solicitó al Ministerio de Educación (Mineduc) la base de datos del año 2013 con los antecedentes de todos los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana y pudo constatar que
de los 2.076 colegios que reciben fondos estatales, 190 establecimientos (9,1 % del total) tiene un vínculo directo con un obispado, una congregación o una obra apostólica de laicos que se declara colaboradora de una diócesis u orden religiosa. Quedan fuera de esta nómina los colegios que, aunque se declaran confesionales, pertenecen a un sostenedor privado que no tiene vínculo administrativo con entidades de iglesia.
En términos de matrícula, los colegios ligados a la Iglesia Católica educan a 159 mil alumnos de un total de 831 mil estudiantes del sistema particular subvencionado de la Región Metropolitana.
En 2013 estos 190 colegios católicos recibieron, en total, una suma de $94.806 millones correspondientes a subvención normal y otros $14.867 millones por subvención SEP(destinada a mejorar la educación de los alumnos vulnerables). Así, la cifra global del dinero público que percibieron se elevó a $109.673 millones, casi un quinto (18%) de los $604 mil millones que el Estado entregó a sostenedores privados en la región. El monto que recibe anualmente la iglesia equivale a US$ 200 millones y es más, por ejemplo, que lo que espera recaudar el gobierno con el nuevo impuesto a la contaminación de las 500 principales fuentes industriales (US$ 176 millones).
Si se agrega el copago de los apoderados -modalidad que sólo tienen algunos colegios-, el monto final asciende a $139.398 millones, ya que en 2013 el aporte de las familias a colegios católicos de la Región Metropolitana sumó $29.724 millones. Los diez establecimientos con cobro promedio mensual de copago más alto fueron: Colegio Santa Úrsula de Maipú ($75.216), Colegio Inmaculada Concepción ($74.880), Colegio Particular Corazón de María de San Miguel($74.600), Colegio Particular Salesiano Patrocinio de San José ($72.231), Instituto La Salle($71.338), Colegio Madre de la Divina Providencia ($71.322), Colegio Particular Josefino Santísima Trinidad ($68.229), Colegio Divina Pastora Ñuñoa ($ 67.681), Colegio María Inmaculada ($67.256), Liceo Particular Salesiano Manuel Arriarán Barros ($64.585).
Para establecer el monto total que el Estado aporta a educación religiosa en la Región Metropolitana, es necesario incluir en los cálculos la subvención que se entrega a colegios vinculados a diferentes iglesias protestantes. Estos son 27 establecimientos, los que en 2013 recibieron $5.104 millones por concepto de subvención normal y otros $1.349 millones por subvención SEP. En suma, los aportes públicos a estos colegios protestantes alcanzaron a $6.454 millones. Con el copago de los apoderados -que sumó $897 millones-, el monto final de los ingresos percibidos por colegios religiosos protestantes se eleva a $7.351 millones.
“MEGASOSTENEDORES” CATÓLICOS
La entidad católica de la Región Metropolitana que recibe más aportes del Estado para fines educacionales es el Arzobispado de Santiago. La Corporación Educacional del Arzobispado administra nueve colegios y la arquidiócesis gestiona otros 16 establecimientos a través de fundaciones. Según los datos del Mineduc, en 2013 este conjunto de 25 colegios recibió $17.464 millones en subvenciones, para una matrícula total de 24.221 alumnos.
Le sigue la
Fundación Educacional Belén (Belén Educa), cuyo directorio es presidido por el cardenal Ezzati. Los archivos del Mineduc indican que en la Región Metropolitana administra ocho colegios, con una matrícula global de 13.641 estudiantes, y que el año pasado recibió $10.312 millones de aporte estatal.
En tercer lugar se ubican los religiosos piamartinos (Congregación Sagrada Familia de Nazaret), la que gestiona dos colegios, con un total de 7.521 alumnos, y en 2013 recibió aportes públicos por $5.390 millones. A continuación figura la congregación salesiana con siete colegios subvencionados distribuidos en el Gran Santiago, los que atienden a 7.380 estudiantes y recibieron subvenciones por una cifra global de $4.506 millones.
Los jesuitas cierran el cuadro. Aunque en la Región Metropolitana la orden sólo gestiona de manera directa un establecimiento (el Colegio Infocap, con una matrícula de apenas 73 alumnos), también controla dos fundaciones educacionales que gestionan otros tres colegios. No obstante, los jesuitas participan también en la orientación pastoral de los colegios agrupados en la organización Fe y Alegría, la que forma parte de la Red Educacional Ignaciana. Esto le permite a la orden tener influencia sobre otros nueve colegios, administrados por cinco fundaciones. La Compañía de Jesús tiene un proyecto educativo al que adscriben los colegios que integran la organización Fe y Alegría. Así, en 2013 los colegios que se suman a este proyecto recibieron subvenciones por un total de $4.526 millones para atender a un universo de 5.437 alumnos.
ALERTA EPISCOPAL
El cardenal Ezzati, que también preside el Comité Permanente del Episcopado, ha asumido un rol protagónico en los reparos a los proyectos de reforma educacional planteados por el gobierno. El mismo miércoles 21 de mayo, tras el discurso presidencial, el portal web del episcopado
difundió declaraciones del prelado en defensa del copago y la selección de alumnos. Sobre el primer punto, dijo: “El copago nació buscando una democratización de la educación, buscando que los papás que educaban a sus hijos en colegio pagado y que no lo podían hacer, lo pudieran hacer de manera más participativa y con mayor facilidad y eso ha sido un beneficio social muy grande, especialmente, para la clase media”.
Respecto de los procesos de selección, Ezzati afirmó: “El hecho educativo es un hecho de confianza entre el alumno y el educador, entre el padre de familia y el proyecto educativo que ofrece el educador, y naturalmente la confianza supone conocimiento. El hecho de que se diga que no tiene que haber ninguna selección, creo que es equivocado. Tiene que haber una selección positiva en este sentido”.
De acuerdo a La Tercera, el cardenal ejemplificó así su rechazo a la eliminación de la selección: “Yo no puedo educar a Pedrito si yo no conozco a Pedrito (…), si yo no conozco el contexto familiar en el cual vive, el contexto social en el cual vive, las necesidades que él tiene, los talentos que él tiene”.
El 22 de abril pasado, la Conferencia Episcopal difundió una declaración en la que también manifestó serias discrepancias con aspectos centrales de las reformas impulsadas por La Moneda. En ella abogó por la mantención de un sistema de selección, el que denomina “proceso de admisión”, que tendría por objeto “informar a los padres convenientemente acerca de las características del Proyecto Educativo según el cual van a ser educados sus hijos, y al que ellos, en caso de compartirlo, no solo deben adherir sino comprometerse activamente en su realización (…). Lo anterior no dice relación ni justifica sistemas de selección por razones económicas, de rendimiento o de situación familiar que resultan discriminatorios y contrarios al modo cristiano de educar”.
Obispo Héctor Vargas
El documento advirtió sobre el riesgo de una eventual “unificación” de la enseñanza: “Se trata de evitar en el futuro que el Estado, mediante nuevas exigencias y condiciones para otorgar la subvención y ya no como derecho de los padres y servicio a la libertad de elegir de las familias-, pueda ir unificando el sistema educacional chileno haciendo que los distintos ámbitos de las escuelas subvencionadas tanto municipales y particulares, al margen de su Proyecto Educativo, realidad geográfica, situación de sus destinatarios, urgencias y desafíos propios, se vean obligadas de funcionar de manera similar, en lo curricular, disciplinario, ambiental, organizativo y financiero”.
La declaración del Episcopado agregó: “La sola posibilidad de acercarnos a un modelo de gestión escolar único, impuesto por el Estado a todo el sistema subvencionado, donde acuden mayoritariamente los pobres y la clase media, resulta impensable”.
El mismo 22 de abril en que se difundió esta declaración, El Mercurio amplificó la ofensiva al publicar una nota informativa con las opiniones del presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal y obispo de Temuco, Héctor Vargas. En ese texto, Vargas acusó que “el Estado ha comenzado gradualmente a usar la subvención como un medio, o sea ‘te entrego la subvención, pero te pongo condiciones’, y al ponerte condiciones, te estoy diciendo en qué puedes gastar la plata y en qué no puedes. Esa no es la finalidad de la subvención”. También disparó directo al proyecto que elimina el copago, al afirmar que ese sistema permite a los padres más pobres poner a sus hijos en colegios particulares y que hoy los colegios ocupan casi toda la subvención en pagar sueldos, por lo que “las escuelas están viviendo del financiamiento compartido para todo lo demás”.
DISCREPANCIAS
A pesar de las alarmas encendidas por Ezzati y Vargas, representantes de las principales entidades que administran colegios católicos no comparten ese tono. Por el contrario, apuntan a que las reformas propuestas pueden ser beneficiosas. La eliminación del copago, por ejemplo, es bien vista por el secretario ejecutivo de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago, Cristián Infante, siempre que, tal como lo ha informado el Mineduc, se acompañe de un incremento en la subvención:
Cristián Infante
–Creemos que sería muy beneficioso que se terminara el copago y se compensara ese monto por la vía de aumentar la subvención general. Es un escenario de mayor estabilidad en los flujos, pone normas claras frente a los padres y ayuda a emparejar a los colegios, de cara a la comunidad escolar. Además, nos ahorra el costo emocional y administrativo que implica tener que cobrar a los padres el copago –dice Infante.
Una posición similar exhibe el sacerdote Galvarino Jofré, responsable del área educacional de los salesianos. Según explica, hoy el copago es un “ingreso variable” y muchas veces no se alcanza la recaudación proyectada, debido a los problemas económicos de las familias: “Nosotros ocupamos la subvención prácticamente de manera íntegra para pagar sueldos. Los sueldos representan más del 90% de nuestros costos, por lo que el porcentaje restante se cubre con el aporte de las familias. Si se elimina el copago y se compensa con un aumento de la subvención, nos ahorra un problema, porque deja de ser un ingreso variable”.
Para Jofré, lo ideal sería que entre los representantes de la Iglesia Católica que dialoguen con el Mineduc se incorporen profesionales de las congregaciones que manejan los números: “Si se está pensando en eliminar el copago y aumentar la subvención, esperamos que se escuche a los que saben cuánto se requiere para operar un colegio, para que el aumento de la subvención efectivamente compense”. A su juicio, este es un tema técnico que, bien manejado, no tendría por qué poner en riesgo la libertad de enseñanza.
En cuanto a la selección de alumnos, desde septiembre de 2009 que la Ley General de Educación prohibió todo tipo de selección hasta sexto básico. Eso en el papel, porque en la práctica muchos colegios siguen aplicando filtros de ingreso. En 2011,
un sondeo de Educación 2020 y La Tercerademostró que la mitad de estos colegios que recibían aportes estatales y estaban bien rankeados en el Simce seleccionaban de alguna forma a sus alumnos. Por ejemplo, 55% aplicaba un test de ingreso, 48,7% pedía certificados de notas, 37% no aceptaba alumnos repitentes, 29% exigía notas mínimas y 8% pedía cheque en garantía o liquidaciones de sueldo de los padres.
CIPER llamó a varios colegios ligados a la Iglesia Católica y confirmó que es habitual que se establezcan mecanismos de ingresos que pueden operar como una forma de selección, desde pruebas de admisión, pasando por informe de kínder y certificados de bautizo y matrimonio. Una excepción entre los colegios consultados fue la red de colegios que administra la arquidiócesis que encabeza el propio Ezzati. La directora ejecutiva de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, Magdalena Aninat, explica: “Nuestros colegios no tienen selección de ningún tipo. No es necesaria porque tenemos más oferta que demanda, en general. Mucho menos tenemos requisitos religiosos, eso es imposible en sectores tan vulnerables como los que atendemos. Nuestras comunidades tienen alumnos evangélicos, mormones y de otros credos”.
De acuerdo al mensaje del proyecto de ley enviado esta semana por el Ejecutivo, el 80% de las escuelas y liceos que reciben aportes estatales pide algún tipo de requisito de ingreso a los padres, lo que con la reforma quedará prohibido para todos los niveles de enseñanza. Eso incluye la presentación de antecedentes económicos de la familia. Ahora las postulaciones se harán a través de una plataforma única y los colegios deberán aceptar a todos los postulantes. En caso de que haya más candidatos que cupos, la selección será aleatoria y aplicando ciertos criterios, como un 15% de alumnos vulnerables y dando prioridad a quienes tengan hermanos o sean hijos de funcionarios del establecimiento.
El proyecto de ley también prohíbe el lucro, lo que no debiese ser un punto alarmante para muchos administradores de colegios católicos, pues un número significativo de ellos ya han adoptado la figura de fundaciones o corporaciones que se declaran sin fines de lucro. Esto les permite, como ya ocurre con los colegios del arzobispado y de los salesianos, disponer de un fondo común, de tal forma que pueden tomar recursos de sus colegios con más ingresos para “apuntalar” a aquellos que son deficitarios.
Juan Enrique Guarachi
El director Ejecutivo de Belén Educa, Juan Enrique Guarachi, señala que “en nuestra definición no tenemos fines de lucro, cuando salimos a buscar recursos privados es porque creemos que es fundamental esta alianza con lo público, donde lo importante son nuestros niños y la capacidad de generar real movilidad social”. En 2013 esta fundación recibió $1.841 millones en donaciones y otros ingresos distintos a las subvenciones y copago. El financiamiento de todo su equipo de apoyo técnico a la red de colegios (unas 70 personas) proviene de donaciones, principalmente de Copec y Santander.
Según indicó el gerente de Recursos Humanos de Belén Educa, Andrés Pérez, sus gastos se dividen en 82,8% remuneraciones, 9,6% costos formativos y 7,5% costos de administración. En la experiencia de Belén Educa, con los fondos públicos no alcanza para reinvertir en obras de mejoramiento y por eso dependen de las donaciones.
Lo mismo señala el sacerdote salesiano Galvarino Jofré: “Para invertir en infraestructura dependemos de las ‘procuras internacionales’, que son organizaciones católicas que distribuyen fondos de donaciones. Pero apoyan solo colegios en zonas de alta vulnerabilidad, como nuestros colegios de San Ramón o Alto Hospicio. Cuando se trata de colegios como los que tenemos en el centro de Santiago, por ejemplo, que también son subvencionados, recurrimos a endeudamiento bancario”.
PASTORAL CON DINERO PÚBLICO
El administrador de una de las principales congregaciones dedicadas a la educación, que pidió la reserva de su nombre, exhibe las cifras y balances de su gestión y dice que no ve cómo, con esos números, se puede entregar educación de calidad y lucrar al mismo tiempo. “No hay margen para el lucro, si no es con sacrificio de la calidad”, dice. Por eso, sostiene que no parece ser una buena estrategia que la jerarquía de la Iglesia Católica aparezca en una suerte de “santa alianza” con los sostenedores privados, en oposición a la reforma. Esa crítica, dice, es extendida entre las congregaciones más grandes: “No estamos juzgando a los empresarios de la educación. Ellos juegan su rol dentro de las reglas que tiene el sistema. Pero los colegios católicos no se guían, o al menos no deben hacerlo, por criterios empresariales. Nuestra vocación es de servicio público y evangelización”.
El vicerrector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Claudio Almonacid, dice que en la postura de la Iglesia Católica sobre la reforma “se ha confundido la libertad de enseñanza con la libertad de hacer negocios”. En este tema, Almonacid tiene autoridad. A comienzos de la década pasada fue el primer investigador académico que arrojó luz sobre el tamaño y extensión de la educación religiosa que opera con subvenciones estatales.
Almonacid señala que, desde los años en que hizo sus primeras investigaciones sobre esta materia, el cuadro ha variado bastante: “Muchos sostenedores religiosos se han reconvertido en fundaciones y corporaciones que declaran no tener fines de lucro”. No obstante, estima que persiste una situación problemática, pues siguen usando recursos públicos para financiar actividades de proselitismo religioso: “Así como un sostenedor privado con fines de lucro saca utilidades y las ocupa para costear sus necesidades personales, los sostenedores religiosos, aún cuando se declaran sin fines de lucro, usan también parte de los recursos públicos para costear otras necesidades de sus congregaciones”.
Entre estas “otras necesidades”, Almonacid menciona actividades tales como grupos pastorales y de catequesis, que giran en torno a los colegios: “La pregunta que surge es si este tipo de actividades son parte de la labor educativa que puede financiarse con aporte del Estado”.
CASA DE CRISTAL
Si la reforma que pone fin al lucro prospera y se convierte en ley, el Mineduc tendrá que disponer de un mecanismo para revisar y fiscalizar cada uno de los gastos que declaren los colegios subvencionados. La administración de los establecimientos será una verdadera “casa de cristal” expuesta al escrutinio público, a objeto de que no ocurra lo que ha pasado con las universidades privadas, que burlan la prohibición de lucro contratando servicios de empresas que pertenecen a los mismos controladores de los planteles. Por lo mismo, en el Mineduc saben que, respecto de los colegios confesionales, quedará en evidencia que financian actividades religiosas con dinero público, lo que abrirá un nuevo flanco de debate.
Le reforma otorga a la Superintendencia de Educación facultades de fiscalización y auditoría. En ese sentido, establece que anualmente todos los establecimientos que reciban aportes del Estado deberán enviar a ese organismo copia de sus memorias y balances financieros auditados, además de un informe desagregado con el detalle de los gastos y el uso de los recursos fiscales.
Para cumplir su función, la Superintendencia podrá exigir todo tipo de documentación a los sostenedores -boletas, facturas y contratos, entre otros comprobantes- para verificar que las compras y contrataciones no contravengan la prohibición de realizar negocios con personas y sociedades relacionadas. También podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) que realice avalúos de los bienes adquiridos con fondos públicos, para así evitar que existan convenios y transacciones a precios por sobre los valores de mercado.
Lo que no está claro aún es el reglamento que regulará ese sistema de fiscalización, el cual debiera estar listo a más tardar un año tras la eventual aprobación del proyecto. No se sabe si se le dotará de más recursos y personal a la estructura de la superintendencia para poder fiscalizar efectivamente, porque el proyecto no dice nada respecto a eso. Este punto no es menor, pues si no se dispone de financiamiento suficiente para contar con recursos humanos y materiales en sintonía con la envergadura de la tarea, la reforma estará condenada a convertirse en un león sin dientes.
El proyecto establece una serie de gastos que estarán permitidos y que deben estar directamente relacionados con el desarrollo del “proyecto educativo” de cada colegio. En ese sentido, si un colegio confesional declara gastos por actividades pastorales, estarían permitidos si se relacionan con los objetivos del proyecto educacional declarado por el sostenedor y elegido libremente por los apoderados. Eso puede ser desde un retiro espiritual a alguna actividad religiosa con la comunidad escolar, por ejemplo. Pero no un viaje de los miembros de la congregación sostenedora, la mantención de los religiosos que la componen o la compra de bienes a su nombre, lo que sería considerado como lucro.
CONGREGACIONES REORGANIZADAS
Si las nuevas normas considerarán como lucro el uso de recursos de los colegios para sostener a las congregaciones, esto plantea un problema para varias órdenes religiosas. Aún existen congregaciones pequeñas que administran colegios subvencionados y cuyas comunidades religiosas se mantienen gracias a los “retiros” de dinero que hacen en esos establecimientos. En general, se trata de congregaciones con pocos integrantes y, la mayoría de ellos, de edad avanzada, debido a la crisis de nuevas vocaciones que vive la Iglesia.
Para dar continuidad a estos colegios, una posibilidad es que congregaciones mayores se hagan cargo de los establecimientos y se ocupen de la mantención de las religiosas que actuaban como sostenedoras. Una antigua experiencia de ese tipo se desarrolló en Puerto Montt, según cuenta el sacerdote Galvarino Jofré. Allí, los salesianos tomaron bajo su administración un colegio fundado por el sacerdote José Fernández y asistido por un pequeño grupo de monjas.
En todo caso, ya hay varias congregaciones que, enfrentadas a este problema, se han reorganizado, entregando la administración de los colegios a fundaciones o corporaciones que ellas controlan y asignando un sueldo a las monjas que prestan servicios dentro de los establecimientos. Esos sueldos luego son aportados a un fondo común para sostener a la comunidad. De esta forma, los dineros y el patrimonio de los colegios quedan separados de los recursos de las congregaciones.
Con la nueva ley, esto podría ser interpretado como lucro encubierto, pues la contratación generalizada de religiosos que pertenecen a una congregación que controla una fundación sostenedora puede ser interpretada como contratos entre partes relacionadas. Así, el uso de fondos públicos para asegurar la supervivencia y las actividades no educativas de la comunidad quedaría restringido.
Eso complicaría algunos de los mecanismos que han usado ciertas congregaciones para adaptarse a los cambios que se vienen. Por ejemplo, las Hijas de San José Protectoras de la Infancia, una comunidad sostenedora de cuatro colegios que inició un proceso de transformación en su modelo de gestión. Uno de sus establecimientos en Maipú (Colegio San José) se administra ahora bajo la Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, que es de la congregación y tiene personalidad jurídica del Ministerio de Justicia. La idea, explica la religiosa Luz Galdames, representante legal de los colegios, es traspasar todos los planteles a esta modalidad para “descomprimir” el RUT de la congregación y ordenar la gestión.
-Los recursos que obtenemos se reinvierten íntegramente en los colegios, no se destinan a ningún otro fin. En eso somos muy estrictos; tampoco se traspasan recursos entre los colegios. Cuando hacemos obras de mejoramiento de infraestructura mayor, pedimos préstamos bancarios -dice Galdames.
Ella asegura que, si bien las religiosas viven en la sede de unos de los colegios, en Santiago Centro, los recursos para sostener a la comunidad están completamente separados de la gestión de los establecimientos: “Nos mantenemos gracias a los sueldos de quienes trabajan en los colegios y las mayores, con su jubilación. Vivimos muy austeramente e, incluso, generamos pequeños excedentes que nos permiten tener un fondo para emergencias”.
